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El alto costo de la corrupción en Veracruz

La corrupción en México representa un costo aproximado entre el 9% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), el equivalente a 104.6 billones de dólares, con referencia en el PIB 2016 de acuerdo a los datos del Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

Dr. Jeremías Zúñiga Mezano


El impacto de la corrupción en el estado de Veracruz es superior a los 20,766 millones de pesos, monto que representa el 10% del PIB anual de la entidad, calculado en base al 2016 y a las cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística; recursos que de emplearse correctamente servirían para expandir y crear empresas que incrementen y mejoren las fuentes de empleos; se mejorarían los servicios públicos que debe prestar el estado, por tanto se elevaría la calidad de vida de las familias.

Datos del INEGI señalan que en general el 14% del ingreso familiar se emplea en actos de corrupción, sin embargo para las familias más pobres esta cifra llega a representar hasta el 33% de sus ingresos. La corrupción podría parecer inocua, no obstante su impacto genera violencia, delincuencia, inhibe las inversiones, genera pérdida de competitividad, cierre de empresas, desempleo, pobreza y baja calidad de vida en la población. Y es que 10 de cada 100 pesos se destinan a actos de corrupción. Del 2000 a la fecha en México el costo de la corrupción pasó de 672 mil millones de pesos a 2.1 billones de pesos.   

De acuerdo al INEGI la entidad veracruzana sufre anualmente más de 10 mil actos de corrupción. En el país los jóvenes de 18 a 29 años son el sector de la población más propenso a realizar estas prácticas. Además 93.3% de las víctimas de corrupción no presentan denuncias argumentando que es una pérdida de tiempo, y al carecer de un seguimiento procesal estos casos no tienen una sentencia que castigue a los corruptos.

Los esfuerzos económicos no son la única solución ya que del 2014 al 2016 se ha incrementado el presupuesto para combatir la corrupción en un 94% pasando de 2,255 millones de pesos a 4,381 millones de pesos; a pesar del incremento presupuestal y las reformas legales la población piensa que en cinco años la corrupción será mayor.

Esto se debe a que hasta en las propias familias la práctica de corrupción está presente, como lo señala un estudio del INEGI publicado en 2016 en el marco del día internacional contra la corrupción, el cual señala que 18% de las familias han realizado al interior actos de corrupción.

Sistema Estatal Anticorrupción

El Sistema Estatal Anticorrupción es trascendente para impulsar el crecimiento económico de la entidad y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias veracruzanas toda vez que la corrupción ha frenado el desarrollo económico del estado, no obstante que cuenta con un presupuesto anual superior a los 112 mil millones de pesos y un PIB que rebasa los 200 mil millones de pesos.

Veracruz cuenta con el dinero y la riqueza suficientes para generar bienestar a las familias veracruzanas, siempre que se aplique de manera eficiente y oportuna.

Por tanto el Sistema Estatal Anticorrupción será determinante para marcar el rumbo de Veracruz, toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas impactan directamente en el fortalecimiento de las instituciones.

El Fiscal Anticorrupción será un elemento crucial para inhibir la incorporación al servicio público de personas sin vocación de servicio y con ambiciones insaciables de enriquecerse a costa del presupuesto y del bienestar colectivo, por ello la inexcusable necesidad de elegir un Fiscal Anticorrupción con un perfil ético.

Quien ostente el cargo deberá dominar sus pasiones y ambiciones, contar con una trayectoria de trabajo en bien de la sociedad, debido a que será el encargado de investigar y llevar a juicio a los corruptos que con endeudamientos sexenales han provocado el empobrecimiento de la sociedad.

Otra área estratégica será la creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que deberá estar integrado por magistrados profesionales del derecho –rompiendo con la tradición de nombrar a los amigos del gobernante-, quienes se encargarán de sentenciar a los corruptos e impartir justicia al pueblo de Veracruz.

Qué promete el sistema

 Inmediatez en la fiscalización de las cuentas públicas en razón que anteriormente la aprobación u observación a las auditorías se presentaba incluso cuando los funcionarios o servidores públicos ya no estaban activos; actuación ética, congruente  y especializada del Fiscal Anticorrupción –siempre que sea elegido con estas cualificaciones y  no tenga conflictos de interés que afectes su credibilidad-; la publicidad de los informes de las cuentas públicas, con ello se evita proteger a malos elementos que aspiran a ocupar otro cargo de elección popular que bajo el argumento de la secrecía de las investigaciones transitaban sin obstáculos; un órgano fundamental será el comité de participación ciudadana integrado por cinco elementos que deberán contar con una trayectoria inobjetable en materia de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas; “se limita la contratación de obligaciones o empréstitos cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura”, dicta el artículo 73 de la reforma.

A partir de la entrada en vigor todo servidor público estará obligado a presentar su declaración patrimonial y de intereses, teniendo una consecuencia jurídica el no hacerlo. Anteriormente era optativa.

Por primera vez se aplicarán sanciones administrativas por actos de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben observar en el desempeño de su encargo.

Veracruz cuenta con las bases jurídicas para que a través del Sistema Estatal Anticorrupción se recupere la confianza en las instituciones, además que cada peso del erario público o de la iniciativa privada sea destinado para generar bienestar en las familias de la entidad.

El sistema será –entre otros aspectos- útil para inhibir la participación en el servicio público de personas que sólo buscan un cargo para enriquecerse, y de esta forma se podrá hacer justicia a millones de familias que viven en pobreza.

Recordemos que los elevados índices de carencia económica se deben al desvío de recursos que hubo durante décadas, lo cual ha provocado un rezago en infraestructura, baja productividad y poco interés para invertir en la entidad, condenando a los veracruzanos a vivir al margen del progreso global.